Los acusados son los oficiales Marcos Javier Servín Duarte, Héctor Domicio Aguayo Cáceres, Walter Guillermo Prieto, Alberto Galeano Gómez, Danilo Fretes Sánchez y Alcides Gómez González, quienes estaban a cargo de la custodia de numerosos objetos requisados en el marco del Operativo A Ultranza Py y que habían desaparecido del lugar en donde estaban depositados.

La acusación de la Fiscalía señala que el hecho se habría registrado el 12 de mayo de 2022, en el campamento militar ubicado camino a Damasco, en la colonia Britez Cué, distrito de Yvy Pytâ, en donde habría entrado un camión para retirar los objetos, lo que supuestamente fue permitido por los militares acusados. Los objetos desaparecidos fueron incautados de la Congregación Centro de Convenciones Avivamiento y habían quedado bajo la administración de SENABICO, luego del Operativo A Ultranza Py, quedando bajo el reguardo de los efectivos del 1er Cuerpo de Ejército de Curuguaty.

Los funcionarios de SENABICO, el 25 de mayo de 2022, hicieron un inventario de los bienes y constataron el faltante de varias camas, colchones, cabeceras, 4 comprensores de aire, que se encontraban en una edificación sin terminar, varias cajas de piso tipo porcelanato y otros objetos detallados en el informe que obra en la carpeta de investigación.

El agente fiscal Roig había ratificado la acusación que fue presentada por el fiscal adjunto del Área XIII y XIV del Ministerio Público, César González, en base a los elementos de convicción colectados, unidos a los indicios directos, conducentes y concordantes, que lo llevaron a concluir que los acusados fueron autores del hecho punible investigado.

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Julián Tomàs Ayala, el papá de la pequeña, señaló en su denuncia que la retiró de la casa de su madre, como parte de un trato amistoso que llegó con esta, después de un proceso consensuado de separación.

Refiere que al devolver a la niña con su madre, dijo a esta que había visto a la chiquita que tenía irritación, y que le lleve a un médico para que le recete algún medicamento tòpico.

La mujer consultó con una doctora (identificada en la denuncia fiscal) quien emitió un informe a la Policía Nacional (y por ende al Ministerio Público) en el que señalaba que la menor sufrió de abuso.

Pero el drama del papá de la nena no paró, ya que el caso fue ventilado a los medios, y en el sitio laboral del hombre lo despidieron de su cargo, en un taller mecánico.

El abogado Miguel Godoy, representante de Tomàs Julián, señaló que el perjuicio contra su cliente es significativo, en el campo económico y en lo moral.

“Mi cliente expresa que nada podrá borrar el enorme perjuicio moral que le causó la denuncia falsa de la doctora. Y estamos evaluando que además de las disculpas que la misma, que la justicia defina una sanción ejemplar en todo sentido”, expresó Godoy en comunicación con la 1020 AM.

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Además de realizar evaluaciones sanitarias y dar tratamiento a personas que padecían cuadros respiratorios, dolores articulares y curaciones por heridas, manifestó el Dr. Hugo Valdez, coordinador de Asistencia Sanitaria en Emergencias y Desastres (ASANED).

“Se realizaron 21 evaluaciones en el albergue de la SEN en la Costanera, además se inició el tratamiento a 6 personas, que tenían dificultades respiratorias y dolores articulares. También se procedió a realizar curaciones de heridas”, señaló el Dr. Valdez.

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Agregó que las atenciones comenzaron el sábado, continuaron ayer domingo y seguirán en los próximos días, ya que se pronostican temperaturas menores de 10 grados, condición para activar el Operativo Invierno.

Cabe mencionar que el Ministerio de Salud tiene como misión coordinar la atención médica en el albergue de la SEN en la Costanera de Asunción. Se encarga además de eventuales evacuaciones de urgencia a centros asistenciales cercanos. Algunas gobernaciones también tienen prevista la habilitación de lugares de asistencia para los que están en situación de calle y en esos casos las tareas se coordinan con las regiones sanitarias.

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Para la atención sanitaria del albergue de la Costanera están afectados el Hospital General de Barrio Obrero, el Hospital del Indígena y el Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME).

Los primeros internos serán trasladados desde la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, donde se encuentran unas 1.600 personas privadas de libertad, de los cuales el 25% cuenta con condena.

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El traslado será de manera gradual, por grupos de 50 personas, hasta llegar a un total de 500 internos, en una primera etapa, según el plan del Ministerio de Justicia.

El nuevo Centro de Reinserción Social de Minga Guazú fue habilitado semanas atrás y cuenta con capacidad para albergar a 1.237 personas, incluyendo un área de máxima seguridad. En este nuevo establecimiento, apuntan a priorizar la capacitación de los internos en formación laboral, a fin de estimular su reinserción social.

El requisito establecido para escoger a las personas que serán trasladadas hasta ese sitio es que las mismas cuenten con condenas firmes.

El Estado paraguayo estará cumpliendo con normativas internacionales que establecen que las personas privadas de libertad procesadas y condenadas deben estar apartadas entre sí.